El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha de denuncia, reflexión y compromiso frente a una de las más graves vulneraciones de los derechos humanos. A pesar de los avances legislativos y sociales alcanzados, millones de mujeres en España, al igual que en el resto del mundo, continúan sufriendo violencias de género en sus diversas manifestaciones. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, un 11% de las mujeres residentes en España —más de dos millones— ha sufrido violencia física por parte de una pareja o expareja, y un 40,4% —más de ocho millones— ha sido víctima de acoso sexual a lo largo de su vida. Estas cifras evidencian la magnitud y la persistencia de una realidad estructural que interpela al conjunto de la sociedad y que requiere una respuesta firme, coordinada y sostenida en el tiempo, con base científica y con criterios técnicos y personal experto. En este contexto, preocupa especialmente la creciente visibilidad de sectores sociales que cuestionan los avances en pro de la igualdad y la difusión de discursos negacionistas promovidos por algunos sectores políticos que cuestionan la existencia misma de las violencias de género.

Según el Informe Juventud en España 2024, se observa un preocupante descenso en el apoyo al feminismo y a la igualdad de género entre la población joven (15-29 años). La percepción de la violencia de género como uno de los problemas sociales más relevantes también ha experimentado un descenso significativo entre la juventud. Este retroceso evidencia el impacto de los discursos negacionistas, carentes de todo rigor científico. Por consiguiente, resulta imperativo fortalecer la educación en la igualdad de género, la no discriminación en todas sus formas, los derechos humanos y pensamiento crítico, e impulsar la transferencia de los contenidos de las investigaciones académicas rigurosas realizadas con perspectiva de género en nuestras universidades. Resulta necesario, asimismo, avanzar en la integración de la perspectiva interseccional, la cual, según la normativa universitaria vigente, es esencial, junto al enfoque de género, para construir una sociedad y, por ende, una comunidad universitaria verdaderamente igualitaria, inclusiva, diversa, segura y cuidadosa con todas las personas. Esta aproximación permite reconocer la diversidad de experiencias y actuar contra las violencias y discriminaciones interrelacionadas que sufren las mujeres por su color de piel, religión, procedencia, orientación sexual y expresión de género, edad, clase, discapacidad u otras condiciones o características personales.

En este contexto, las unidades de igualdad también vemos con preocupación cómo las violencias digitales se han expandido y normalizado entre la juventud universitaria. Estamos ante un momento de transformación social muy profunda, con una irrupción y mal uso de la tecnología en algunos casos, que ha hecho aflorar las mismas violencias sistémicas existentes en la sociedad, pero desde hace un tiempo, dentro del mundo digital. El anonimato y la falta de desconexión temporal (las violencias pueden producirse a lo largo de las 24 horas del día, repetidamente), provocan una violencia extrema hacia las personas que sufren este tipo de agresiones sexistas.

Este año, en que conmemoramos el 30º aniversario de la Plataforma de Beijing - un hito fundamental para el feminismo en la lucha por los derechos de las mujeres y niñas, la exigencia de igualdad de género y el equilibrio de las estructuras de poder a nivel mundial - las Unidades de Igualdad de la RUIGEU se consolidan como estructuras básicas de la LOSU. Su labor es esencial para la sensibilización, prevención, formación e incorporación transversal de la igualdad en el desarrollo de las políticas universitarias. Precisamente por esto, consideramos absolutamente inadmisible que, a día de hoy, todavía existan unidades de igualdad que no reciban los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género transferidos a las Comunidades Autónomas. No puede permitirse que la respuesta institucional ante una vulneración tan grave de los derechos humanos se vea paralizada o mermada por el negacionismo político. Frente a la violencia, ni un paso atrás.